por salrafon
- 18 Jun 2013, 12:39

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- 18 Jun 2013, 12:39
#324130
Noto a arquitectos cada vez mas nerviosos. Este es uno de sus últimos comunicados:
"MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ARQUITECTURA.
El pasado día 7 de junio tuvo lugar en Madrid la Asamblea Extraordinaria de todos los Colegios de Arquitectos de España, con la inminente Ley de Colegios y Servicios Profesionales como tema central, en la que quedó patente la unidad de todo el colectivo en la defensa de la arquitectura. El Presidente del CSCAE explicó que siguen las conversaciones a nivel político con miembros del Ministerio de Fomento y Economía, así como de otras administraciones y del gobierno, para hacerles llegar el mensaje claro e inequívoco de nuestra más contundente defensa de la arquitectura y de los arquitectos.
El modelo del ejercicio profesional de la arquitectura en España ha merecido reconocimiento y prestigio internacional por integrar las competencias formativas técnicas, humanísticas y artísticas necesarias para el adecuado desarrollo de proyectos y obras que conforman espacios confortables, sólidos, seguros, con valores culturales, medioambientales y urbanos.
La iniciativa de reforma que hemos conocido, supondría el incumplimiento de la Directiva Europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, donde se define para el arquitecto la exigencia de adquisición de conocimientos técnicos de las distintas tecnologías, de historia y teoría de la arquitectura, de las artes y la estética, de las ciencias humanas, de las bellas artes, del urbanismo y de la sociología y los factores sociales, de forma tal que pueda garantizar que quienes posean títulos así reconocidos, puedan dar expresión práctica a las necesidades de individuos y grupos en cuanto al espacio, diseño, patrimonio y protección medioambiental.
La iniciativa no es conforme ni viable con el sistema estatal universitario de títulos oficiales en España que establece una correlación entre atribuciones profesionales y estudios.
La iniciativa no viene demandada ni mucho menos impuesta por Europa en la Directiva de Servicios del Mercado Interior, que vería con sorpresa y falta de cultura la identificación de construcción con arquitectura.
La iniciativa modifica en su esencia la Ley de Ordenación de la Edificación, consensuada por todos los agentes participantes tras más de 15 años de debates y negociaciones, ley que ha permitido el ejercicio de la Arquitectura en los términos de calidad y utilidad social, regulando pacíficamente el sector durante décadas. No hay demanda social, profesional ni económica para alterar la distribución de atribuciones que distingue entre las competencias exclusivas de arquitectos y las de los distintos ingenieros. Es un fraude a la sociedad, un riesgo que no se puede permitir, ya que el índice de siniestralidad es más bajo que en otros países, precisamente porque están claramente definidas las responsabilidades del técnico que las desarrolla.
Como arquitectos y como ciudadanos podemos comprender y compartir la necesidad de una Ley de Colegios y Servicios Profesionales, pero no con la propuesta de ampliación de las reservas de actividad a otras profesiones.
En un sector con claros problemas de subsistencia por la situación de crisis económica generalizada y en mayor medida en la arquitectura, no parece razonable el ahorro de costes por la mayor competencia. Tenemos en España 50.000 arquitectos colegiados, otros 20.000 no colegiados y más de 30.000 estudiantes. Tenemos el doble de arquitectos que tiene Francia para la mitad de población. Hay suficientes arquitectos, hoy parados en más del 60%, que pueden asegurar la competitividad del mercado sin la entrada de nuevos protagonistas, que por otra parte, tienen un amplio campo de intervención en los proyectos parciales específicos de instalaciones, estructuras, telecomunicación, actividades, coordinados por el arquitecto desde sus conocimiento transversales en todas las materias.
La arquitectura no es solo construcción. Es además un bien cultural y patrimonial. Forma parte de la ciudad en que habitamos. No solo se ha de garantizar que los edificios sean seguros estructuralmente, sino que quien la proyecta ha de tener formación suficiente para coordinar la seguridad en todas sus facetas de accesibilidad, incendios, instalaciones, usos, materiales, patrimonio, medio ambiente, sostenibilidad energética, etc. Las casas las hacen los arquitectos y se ha de mantener la obligación de la intervención de alguien que no solo garantice que la casa no se va a caer, sino que tenga además formación suficiente para entender que todo edificio pasa a ser una pieza de la ciudad y una parte del patrimonio edificado. Igual que nadie pone en duda que a los enfermos los tratan los médicos, que son los que han estudiado medicina, exigimos el mismo tratamiento para la arquitectura y los arquitectos.
La iniciativa propuesta puede tener graves efectos sobre las profesiones, especialmente sobre los arquitectos. Pero más importantes pueden ser los efectos sobre la sociedad y las personas, sobre los ciudadanos y las ciudades. Sus efectos pueden ser imprevisibles y muy probablemente de difícil o casi imposible reposición.
La iniciativa propuesta de LCSP es inviable legalmente, regresiva, manifiestamente inoportuna y gravemente perjudicial para la seguridad de las personas y los edificios, la protección de nuestro patrimonio histórico y de nuestros paisajes urbanos, y la sostenibilidad de nuestras ciudades y territorios. Manifestamos nuestra frontal oposición a la iniciativa desreguladora planteada en relación a las llamadas “reservas de actividad” de la edificación.
El Gobierno no ha tomado aún una decisión definitiva. Por los intereses de los ciudadanos y de su seguridad, los arquitectos exigimos con toda convicción y también con toda contundencia, que se abandone la iniciativa conocida que ha venido circulando en los últimos meses."
ya queda menos para saber algo, para bien o para mal.
"MANIFIESTO EN DEFENSA DE LA ARQUITECTURA.
El pasado día 7 de junio tuvo lugar en Madrid la Asamblea Extraordinaria de todos los Colegios de Arquitectos de España, con la inminente Ley de Colegios y Servicios Profesionales como tema central, en la que quedó patente la unidad de todo el colectivo en la defensa de la arquitectura. El Presidente del CSCAE explicó que siguen las conversaciones a nivel político con miembros del Ministerio de Fomento y Economía, así como de otras administraciones y del gobierno, para hacerles llegar el mensaje claro e inequívoco de nuestra más contundente defensa de la arquitectura y de los arquitectos.
El modelo del ejercicio profesional de la arquitectura en España ha merecido reconocimiento y prestigio internacional por integrar las competencias formativas técnicas, humanísticas y artísticas necesarias para el adecuado desarrollo de proyectos y obras que conforman espacios confortables, sólidos, seguros, con valores culturales, medioambientales y urbanos.
La iniciativa de reforma que hemos conocido, supondría el incumplimiento de la Directiva Europea sobre reconocimiento de cualificaciones profesionales, donde se define para el arquitecto la exigencia de adquisición de conocimientos técnicos de las distintas tecnologías, de historia y teoría de la arquitectura, de las artes y la estética, de las ciencias humanas, de las bellas artes, del urbanismo y de la sociología y los factores sociales, de forma tal que pueda garantizar que quienes posean títulos así reconocidos, puedan dar expresión práctica a las necesidades de individuos y grupos en cuanto al espacio, diseño, patrimonio y protección medioambiental.
La iniciativa no es conforme ni viable con el sistema estatal universitario de títulos oficiales en España que establece una correlación entre atribuciones profesionales y estudios.
La iniciativa no viene demandada ni mucho menos impuesta por Europa en la Directiva de Servicios del Mercado Interior, que vería con sorpresa y falta de cultura la identificación de construcción con arquitectura.
La iniciativa modifica en su esencia la Ley de Ordenación de la Edificación, consensuada por todos los agentes participantes tras más de 15 años de debates y negociaciones, ley que ha permitido el ejercicio de la Arquitectura en los términos de calidad y utilidad social, regulando pacíficamente el sector durante décadas. No hay demanda social, profesional ni económica para alterar la distribución de atribuciones que distingue entre las competencias exclusivas de arquitectos y las de los distintos ingenieros. Es un fraude a la sociedad, un riesgo que no se puede permitir, ya que el índice de siniestralidad es más bajo que en otros países, precisamente porque están claramente definidas las responsabilidades del técnico que las desarrolla.
Como arquitectos y como ciudadanos podemos comprender y compartir la necesidad de una Ley de Colegios y Servicios Profesionales, pero no con la propuesta de ampliación de las reservas de actividad a otras profesiones.
En un sector con claros problemas de subsistencia por la situación de crisis económica generalizada y en mayor medida en la arquitectura, no parece razonable el ahorro de costes por la mayor competencia. Tenemos en España 50.000 arquitectos colegiados, otros 20.000 no colegiados y más de 30.000 estudiantes. Tenemos el doble de arquitectos que tiene Francia para la mitad de población. Hay suficientes arquitectos, hoy parados en más del 60%, que pueden asegurar la competitividad del mercado sin la entrada de nuevos protagonistas, que por otra parte, tienen un amplio campo de intervención en los proyectos parciales específicos de instalaciones, estructuras, telecomunicación, actividades, coordinados por el arquitecto desde sus conocimiento transversales en todas las materias.
La arquitectura no es solo construcción. Es además un bien cultural y patrimonial. Forma parte de la ciudad en que habitamos. No solo se ha de garantizar que los edificios sean seguros estructuralmente, sino que quien la proyecta ha de tener formación suficiente para coordinar la seguridad en todas sus facetas de accesibilidad, incendios, instalaciones, usos, materiales, patrimonio, medio ambiente, sostenibilidad energética, etc. Las casas las hacen los arquitectos y se ha de mantener la obligación de la intervención de alguien que no solo garantice que la casa no se va a caer, sino que tenga además formación suficiente para entender que todo edificio pasa a ser una pieza de la ciudad y una parte del patrimonio edificado. Igual que nadie pone en duda que a los enfermos los tratan los médicos, que son los que han estudiado medicina, exigimos el mismo tratamiento para la arquitectura y los arquitectos.
La iniciativa propuesta puede tener graves efectos sobre las profesiones, especialmente sobre los arquitectos. Pero más importantes pueden ser los efectos sobre la sociedad y las personas, sobre los ciudadanos y las ciudades. Sus efectos pueden ser imprevisibles y muy probablemente de difícil o casi imposible reposición.
La iniciativa propuesta de LCSP es inviable legalmente, regresiva, manifiestamente inoportuna y gravemente perjudicial para la seguridad de las personas y los edificios, la protección de nuestro patrimonio histórico y de nuestros paisajes urbanos, y la sostenibilidad de nuestras ciudades y territorios. Manifestamos nuestra frontal oposición a la iniciativa desreguladora planteada en relación a las llamadas “reservas de actividad” de la edificación.
El Gobierno no ha tomado aún una decisión definitiva. Por los intereses de los ciudadanos y de su seguridad, los arquitectos exigimos con toda convicción y también con toda contundencia, que se abandone la iniciativa conocida que ha venido circulando en los últimos meses."
ya queda menos para saber algo, para bien o para mal.