Bueno, bueno, pues ayer por la tarde asistí a una charleta en mi colegio sobre la famosa Ley Ómnibus.
Por cierto, que sepáis (yo no lo sabía) que se la llama "Ómnibus" porque afecta (y modifica) directamente otras 48 leyes de diferentes ámbitos.
En fin, que en la charla había representantes de diversos sectores: estaba un fulano de la Mutua dels Enginyers (aseguradora), el asesor legal del colegio, un representante de los técnicos municipales, un representante del Departamento Jurídico de la Generalitat y otro del Departamento Jurídico del Ayto. de Barna.
Las conclusiones que saqué de la jornada son más o menos éstas:
- La Ley Ómnibus presenta aspectos inconstitucionales en algunos puntos. Básicamente, más que una transposición de la Directiva de Servicios europea, se trata de una traducción literal, y que se hizo tarde, mal y a rastro. De hecho, se aprobó el 23 de diciembre de 2009, con fecha de aplicación el 28 de diciembre de 2009 (cinco días después).
Esto sólo pasa en España.
- Cabe la posibilidad de que algunos aspectos relevantes, sobre todo en lo que se refiere a la eliminación de los visados y en general, al papel de los colegios, se puedan "trampear", o esquivar, con el desarrollo de las Leyes de Bases autonómicas que "complementen" dicha Ley Omnibus.
¿Qué quiere esto decir? Que aún les queda a los colegios la carta política de presionar a las CCAA para que les den bola (se obligue a visar nuevamente), a cambio de no plantear recursos de inconstitucionalidad contra la Ley; recursos a los cuáles, por lo visto, sí habría lugar.
- Las compañías aseguradoras se lavan las manos diciendo que no van a hacer nada, y que no va a cambiar nada en cuanto a su gestión y exigencias, apoyándose en el argumento de que "en España no hay cultura de asegurar a los ingenieros de manera individual, por lo que seguiremos con pólizas de convenios colectivos".
Básicamente, el tipiño vino a decir que les importa un huevo todo esto. Fue el primero en intervenir, y acto seguido, se echó una soberana y nada disimulada siesta pública durante el resto de la intervención.
- Los técnicos municipales: a la expectativa con la que se les viene encima. Después de tantos cambios de leyes y reglamentos, que posteriormente fueron cambiados y modificados por nuevas leyes y reglamentos complementarios, cambios de procedimientos administrativos y tramitaciones, y carencia de medios, básicamente se quedan con el recursos de verlas venir y ocupar estanterías y estanterías con expedientes parados.
- La Generalitat: está desarrollando la Ley de bases para la Ley Ómnibus. Ya llegan tarde, mal y a rastro, porque el Estado entregó tarde, mal y a rastro la Ley. Están esperando que los colegios les calienten la oreja y que no les toquen mucho las pelotas para que les dejen una parte del pastel.
- El Ayuntamiento de Barna: quiere firmar convenio con el colegio para que el visado incluya algo más que una simple comprobación formal. Si un proyecto lleva el sello, querrá decir que, aparte de que formalmente cumpla la documentación, se garantice que contiene toda la normativa pertinente al expediente en cuestión (salvo las ordenanzas municipales, obviamente).
- A efectos de consumidores y usuarios, empresarios y profesionales técnicos, la Ley Ómnibus establece un cambio de perspectiva en la cultura de tramitación de expedientes.
Pasamos de una cultura basada en un control establecido por una Administración garantista y autorizatoria (sin autorización de licencia, no hay actividad), a un escenario de autorresponsabilidad y autogestión administrativa (presento mi Declaración responsable y la Comunicación previa conforme todo está adecuado, y puedo abrir el negocio).
¿Cómo acabará todo esto? Malamente, pienso yo, si dejan a los particulares que obren según su propio criterio basado en la autorresponsabilidad. Al fin y al cabo, estamos en España; no nos olvidemos. Y aquí SIEMPRE compensa infringir la ley y atender las consecuencias. O no atenderlas.
Ya me jode decir esto, pero aquí necesitamos represión para funcionar; si no, las cosas no se hacen. O no se hacen bien, vaya. Y como tal, es necesaria una figura que haga el papel de "control" o que exija según qué condiciones para tramitar las actividades.
Ahora bien, ¿qué figura puede ser ésa? Ya que el colegio tiene en el aire su razón de ser, que la directiva europea elimina los visados, ¿quién puede encargarse de establecer unos criterios mínimos de profesionalidad en cuanto a los proyectos técnicos se refiere? Bajo mi punto de vista, las compañías aseguradoras.
Pero éste es otro debate. Ellas, de momento, se lavan las manos. Igual piensan que se van a salvar de todo esto.
