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sauce escribió:“Nuestro” colegio da ya por hecho que las reservas de actividad caerán y se montará un sistema para certificar profesionales, con diversos niveles (nóvel, experto, …) y en para sectores de actividad concretos.
JORDIM escribió:...
Si son los colegios los que tienen que certificar profesionales, vamos arreglados. Puede ser tragicómico ver a algunos elementos de algunas juntas de gobierno decidir lo que soy o no soy capaz de hacer profesionalmente.
Ni para eso tienen ya credibilidad
El Ministerio de Economía y Competitividad ha enviado al Consejo de Estado el borrador definitivo del Anteproyecto de Ley de Servicios y Colegios Profesionales. Este documento, que publica en primicia Redacción Médica y que será aprobado por el Consejo de Ministros en poco más de un mes, modifica sustancialmente la anterior versión del 2 de agosto y da una de cal y otra de arena a las aspiraciones de las corporaciones sanitarias.
La de cal la de Economía ‘suavizando’ la capacidad del Gobierno para intervenir en los colegios y destituir a las juntas de gobierno si éstas no cumplen con sus funciones públicas, y la de arena es el mantenimiento del estricto régimen de incompatibilidad de cargos para los miembros de las juntas directivas colegiales. Sobre el primer punto, se elimina la potestad del Estado para destituir al equipo directivo y asumir la gestión temporal del colegio si éste no supera una auditoría o no publica su memoria anual, entre otros motivos de intervención.
La nueva versión del Anteproyecto da un rodeo al tema y más oportunidades a las corporaciones para no llegar hasta la injerencia del Gobierno. En concreto, establece en primer lugar 15 días para justificar los incumplimientos. Si la Administración no está conforme con la justificación, dará entre uno y seis meses al Colegio para que cumpla con sus obligaciones legales de función pública. “Si tras dicho plazo persiste el incumplimiento, y previas alegaciones por parte del Colegio profesional, la Administración podrá acordar la disolución de la Junta de Gobierno del Colegio profesional y la convocatoria de nuevas elecciones”, cita la nueva redacción del texto, que da más margen a los colegios para que cumplan con los nuevos requisitos exigidos por el Ejecutivo.
Las incompatibilidades, todavía más estrictas
Una de esas nuevas exigencias (la palada de arena) será la de cumplir el estricto régimen de incompatibilidades impuesto para las actividades profesionales de colegiación obligatoria. Aquí Economía no ha retrocedido ni un milímetro e inhabilitará a cualquier cargo directivo colegial que compagine su función con un cargo en la Administración, en un partido político, sindicato, patronal, aseguradora o mutua de previsión social “que tenga o puedan tener relación con la corporación colegial del cargo directivo”, mantiene el anteproyecto.
De hecho, el Ministerio va un paso más allá y en la nueva redacción incluye una disposición adicional (10.2) en la que obliga a las mutualidades de previsión social a “poner a disposición de la Tesorería General de la Seguridad Social, de forma telemática y cada tres meses, una relación de los profesionales colegiados integrados en las mismas, indicando expresamente su actividad profesional”.
Psicólogos y biólogos sanitarios logran la colegiación obligatoria
Otro de los puntos importantes para los profesionales es la incorporación del requisito de colegiación obligatoria para psicólogos, biólogos, físicos y químicos que realicen su actividad profesional en el campo sanitario. El gabinete de Luis de Guindos cumple así con la petición de estos colectivos, que denunciaban el riesgo para la salud pública que conllevaba la desregularización de sus actividades y la marginación respecto al resto de actividades incluidas en la Ley Orgánica de Profesiones Sanitarias (LOPS), que sí mantenían la obligatoriedad desde los primeros borradores del anteproyecto.
No habrá libertad para colegiarse en cualquier provincia
La última versión de la normativa da marcha atrás en otro punto polémico, el que permitía a los profesionales colegiarse en la provincia que quisiesen, aunque ejercieran la mayor parte de su actividad en una distinta de la de colegiación. La nueva redacción establece que “las sanciones impuestas, en su caso, por el Colegio del territorio en el que se ejerza la actividad profesional surtirán efectos en todo el territorio español” y que “los Colegios no podrán exigir a los profesionales que ejerzan en un territorio diferente al de colegiación”.
Cuotas máximas de 40 euros por inscripción y 20 euros mensuales
Asimismo, el texto incluye como novedad el establecimiento de cuotas máximas para los colegiados. En concreto, indica 40 euros de cuota de inscripción como tope y 250 euros de cuota fija anual máxima (20,9 euros mensuales). No obstante, este máximo puede ser modificado por los colegios si así lo aprueban sus asambleas generales. En este sentido, también cambia la representación de los colegiados no ejercientes en las votaciones asamblearias (referido a priori a jubilados, desempleados o titulados que ejerzan otras profesiones). Los colegiados ejercientes podrán tener doble valoración de voto sobre los no ejercientes si así lo decide el colegio.
Régimen sancionador y recertificación
Otros cambios ‘menores’ pero destacados del borrador son los referidos a la recertificación y los regímenes sancionadores. Sobre el primer punto, se establece que “los órganos colegiales que ejerzan la potestad sancionadora gozarán de completa independencia respecto de los órganos de gobierno del Colegio”. Se elimina el requisito de que dichos órganos estén formados por miembros no ejercientes y ajenos a los colegios, punto que se incluía en el anterior borrador, fechado a 2 de agosto.
Asimismo, se suprime la posibilidad de que entidades privadas ejerzan labores de certificación, actividad que quedará en exclusiva en manos colegiales. Además, se amplía de uno a dos años el plazo máximo para poner en marcha estos sistemas, voluntarios para los colegiados, pero obligatorios como servicio de los consejos generales, que también deberán incluir en sus memorias anuales los resultados de las auditorías de cuentas obligatorias (ya referidas en anteriores borradores) y listas con los precios de las cuotas y los nombres de los colegiados sancionados
Disposición adicional novena. Comisión de Reforma de las Profesiones
Se crea una Comisión de Reforma de las Profesiones coordinada por el Ministerio de Economía y Competitividad, en la que participarán el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad y Acreditación y la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.
Esta Comisión deberá emitir un informe de evaluación de acuerdo con los principios contenidos en esta ley y de carácter preceptivo sobre cualquier propuesta de ley que en el ámbito estatal establezca nuevas restricciones al acceso a actividades profesionales o profesiones o que establezca reserva de funciones.
Asimismo, esta Comisión podrá realizar de oficio una evaluación de las restricciones de acceso y de ejercicio existentes a la entrada en vigor de esta ley pudiendo presentar propuestas de modificación de las mismas al Gobierno. En este caso, también formarán parte de la Comisión los Ministerios que corresponda por razón de su competencia.
Esta Comisión realizará sus funciones mediante los medios personales de los que disponen los organismos que la integran sin suponer en ningún caso incremento de dotaciones ni de costes de personal.
El grupo de trabajo elaborará una propuesta en relación con las atribuciones profesionales en el ámbito de la ingeniería y la edificación de acuerdo con los principios y criterios de esta ley, y tomando en consideración el desarrollo, evolución y situación tecnológica presente. Esta propuesta será presentada en el plazo de tres meses desde la aprobación de esta Ley para informe preceptivo de la Comisión de Reforma de las Profesiones a la que hace referencia la Disposición adicional novena.
Disposición final decimosexta. Entrada en vigor.
Esta ley entrará en vigor a los veinte días de su publicación en el Boletín Oficial del Estado.
[/quote] proeuropeo escribió:Perdón Custom.......hola a todos los foreros.
Os llevo siguiendo desde hace tiempo y tengo que deciros que es uno de los foros más serios que conozco respecto a la LSCP. Coincido con mucho de lo que aquí se dice. Por fin hoy me he decidido a intervenir. Espero poder seguir haciendo intervenciones puntuales.
En el fondo creo que el cambio de verdad, vendrá motivado cuando se implante de manera definitiva la nueva estructura de estudios universitarios......y para eso quedan muchos años. Cuando en un futuro, todos los profesionales hayan sido primero graduados y luego el que haya querido formarse en una especialidad con un Máster, y se haya acabado de una vez por todas con esa dicotomía de titulaciones de primera y segunda ("técnicos" y "superiores"), el entendimiento de una Ley de Servicios Profesionales como se entiende en el resto del Mundo, llegará a España.
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